Para controlar la gestión del Guadalquivir, la Junta de Andalucía ignoró una directiva-marco de la Unión Europa que prohíbe competencias autonómicas en los ríos. Esta normativa, fechada en el año 2000, la hizo suya el Estado en diciembre de 2004. Según expertos consultados por este diario, la sentencia del Tribunal Constitucional replanteará “toda la administración hidráulica de España».
La Junta ignoró la directiva europea que prohíbe competencias autonómicas en los ríos
