La Guardia Civil ha denunciado la destrucción de pruebas de los EREs falsos en la sede de la Consejería de Empleo. Según la investigación, los hechos se produjeron el 21 de noviembre de 2010. El PP ahora acusa al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, de haber ordenado la eliminación de cualquier pista o documentación sobre las falsas prejubilaciones.
El número 2 de los populares andaluces, Antonio Sanz, anima al consejero de Empleo, Manuel Recio, a reconocer si recibió “órdenes directas” de Griñán. «Queremos saber si llegó solo o le acompañaba el viceconsejero Justo Mañas”, explica Sanz, tras tildar de “muy importante” que responda Recio para saber la verdad en esta trama que acosa al Gobierno socialista andaluz.
