Primero fueron 700 millones. Luego 900. Ahora son 1.400 millones de euros. Una reunión en diciembre de 2010 entre el viceconsejero Justo Mañas, imputado por la juez Mercedes Alaya, y una aseguradora revela que el coste de los EREs falsos se dispara hasta los 1.400 millones de euros, según acaba de revelar el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz.
La reunión de Mañas se celebró justo el mismo día que Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, desvelara en su declaración ante la Guardia Civil la existencia de un fondo de reptiles a cargo del programa presupuestario 31L entre 2001 y 2010.
Lo relevante del documento exhibido por Sanz, y que enviará a Alaya para que lo incorpore a su investigación del caso de los EREs falsos, es la hipoteca hasta 2015 de los fondos de empleo de la Junta de Andalucía. Para el PP se trata de una “trama institucional, un fondo para financiar a personas vinculadas al PSOE con el dinero comprometido con las aseguradores ni siquiera está consignado en los presupuestos ya que se contaba con modificaciones presupuestarias que todavía no se habían aprobado”.
