Antonio Fernández entra en el furgón de la Guardia Civil (Efe).
Si eran del PSOE, ya tenían el favor casi hecho. Poseer el carné socialista o ser amigo del entorno del partido hegemónico en Andalucía durante 30 años, garantizaba contar con ayudas directas. Las facilitaba el exconsejero Antonio Fernández, en la cárcel de Morón de la Frontera desde ayer a las nueve de la mañana, por su vinculación en la trama de los ERE falsos tras ser imputado de seis delitos.
El auto de prisión dictado por la juez Mercedes Alaya a las 6.45 del martes, tras cuatro días de interrogatorios, detalla cómo el que fuera titular de Empleo, en los Gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán “propició de forma indiciaria, la concentración de un elevadísimo número de ayudas directas a empresas por la sola razón de que las mismas, sus titulares o socios, pertenecían al ámbito personal o político del PSOE andaluz”.
La página 13 del escrito judicial de Alaya (77 folios, Times New Roman, cuerpo 16) abunda en un contundente párrafo, clave para explicar una de las razones fundamentales por las que la juez envió a Fernández a prisión, incondicional y sin fianza. “Con absoluto olvido del principio de buena administración y de igualdad de oportunidades y en definitiva de la máxima de servir con objetividad al interés general, el inculpado permitió durante su etapa como viceconsejero y consejero que se favoreciera desmesuradamente a empresarios de una determinada zona de la provincia de Sevilla, la comarca de la Sierra Norte, consintiendo la utilización de fondos públicos por dichas motivaciones absolutamente ilegítimas, en detrimento del resto de Andalucía”.
