l decreto de recortes de 2.700 millones de euros de la Junta de Andalucía se iba a aprobar al martes. Y ahora se retrasa al menos 15 días. El vicepresidente de Relaciones Institucionales y Administración Local, Diego Valderas, se ha rebelado por primera vez contra su jefe José Antonio Griñán. El Gobierno andaluz, en boca de Valderas, ha decidido paralizar por su propia cuenta la rebaja de sueldos a los empleados públicos de la Junta de Andalucía.
El coordinador general de IU en Andalucía se ha puesto la careta de la oposición para anunciar que exige más rebajas en los sueldos de los altos cargos del Gobierno andaluz y que no toque el salario de los mileuristas. Valderas se ha visto obligado a adoptar esta medida tras la presiones de los sindicatos que anunciaron una manifestación el próximo martes en toda Andalucía contra los recortes en la nómina de los funcionarios.
El presidente de CSIF Andalucía, José Luis Heredia, considera «un éxito para el sindicato» el hecho de que la Junta «haya reconsiderado su posición y se abra un nuevo proceso de negociación, abriéndose a la reforma del plan de ajuste de la Junta de Andalucía». Y añade: «La Junta no querrá cometer el mismo error que cometió con la reordenación del sector público andaluz, que fue impuesta», ha agregado Heredia, quien considera que esa suspensión «es una buena noticia para los empleados públicos».
El consejero de la Junta ha asegurado que, «a propuesta de IU», el Gobierno andaluz ha aceptado demorar esa aprobación «para que haya un margen de diálogo y negociación profundo» con todos los sindicatos que representan a empleados públicos y funcionarios, entre los que ha causado gran malestar el proyecto presentado por la Junta, que hace recaer sobre ellos el grueso de los recortes, mientras que los altos cargos apenas los padecen.
El vicepresidente andaluz se ha visto obligado a adoptar esta decisión tras no recibir de buen agrado el severo reproche que le propinó el comité del PCA de Sevilla. Este órgano interno aprobó ayer una resolución en la que avisaba de que el respaldo de los consejeros autonómicos de IU-CA a los ajustes acordados en el seno del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía no coincidía “con el acuerdo programático” del pacto de gobierno de PSOE e IU-CA en Andalucía.
Los comunistas también adelantaron que requerían “un proceso de reflexión urgente» que podría conducir incluso al “voto en contra por parte de nuestro Grupo parlamentario al recorte de los 2.700 millones”. Y lo explican: “No es para eso para lo que nos presentamos a las elecciones ni coincide con lo planteado en el acuerdo programático que alumbró la entrada en el Gobierno de Andalucía. Sin embargo, y sin contar ni con la opinión de ningún órgano ni del Partido ni de IU y sin la más mínima explicación previa, los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, -tres de ellos pertenecientes a IU-CA-, votaron a favor de dicho recorte”.
Lo más grave, sin embargo, es la repercusión de este ‘gesto’ ante el Gobierno central y, sobre todo, ante Bruselas. El Ejecutivo de Rajoy aprobó, ‘in extremis’ y gracias a la mediación de Cataluña, las cuentas que presentó el pasado jueves la Junta andaluza en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Estuvo a punto de ser intervenida porque no justifica los 2.700 millones de recortes. Al final ,y en una negociación contrarreloj, se cuadraron las cuentas y el plan. Y hoy, se anuncia su paralización al menos 15 días enviando a Bruselas un gesto que rápidamente ha sido contestado con un alza inmediata de la prima de riesgo española.
