Antonio Fernández, exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía (2004-2010), prepara la defensa para contar “su” verdad en la comisión de investigación sobre los ERE falsos que empezará el próximo día 21. Su declaración está prevista para el 24 de agosto. Fernández fue encarcelado el 24 de abril por la juez Mercedes Alaya, magistrada del Juzgado de Instrucción numero 6 de Sevilla. En la noche del pasado viernes consiguió la libertad tras pagar una fianza en efectivo de 450.000 euros.
Su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, rechazó que Fernández fuera a declarar en la comisión si continuaba en la cárcel de Morón de la Frontera. El letrado argumentó el daño en la imagen de su defendido como excusa para que no diera explicaciones. El encarcelamiento, por tanto, cambia de raíz la estrategia del exconsejero, que entregó su pasaporte en una comisaría. Ahora, está dispuesto a hablar.
Tras entrar en la cárcel, Antonio Fernández perdió su puesto de trabajo como presidente del Consejo Regulador del Marco de Jerez, pero no fue abandonado por los que creían en su inocencia. Amigos, conocidos y ciudadanos anónimos han ayudado a recaudar el dinero de la fianza al que fuera durante seis años titular de Empleo de la Junta de Andalucía. La apertura de una web y hasta de un grupo de Facebook permitieron que se consiguiera llegar a los 450.000 euros que exigía la Audiencia de Sevilla. La juez Alaya ordenó en abril prisión incondicional. Tampoco atendió los requerimientos de una rebaja en la pena.
Martínez del Hoyo afirmó que el consejero de Empleo quería “rehacer su vida”. El fin de semana ha descansado en su casa de Jerez. “No vamos a hacer declaraciones. A partir de ahora empiezan 15 días de descanso”, destacó el abogado a El Confidencial.
Imputado en seis delitos por Alaya, Fernández contestó ante la juez a más de 200 preguntas y repreguntas durante tres días de interrogatorios, hasta que decidió su encarcelamiento. Fernández soportó ese fin de semana grandes momentos de tensión, fruto del interés de Alaya, cuyos gritos se oían fuera de la sala, por conocer el nivel de conocimiento de Manuel Chaves y José Antonio Griñán de las ayudas concedidas por IDEA (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía) y también profundizar en el caso, cuya instrucción se prolonga desde hace más de 18 meses.
Al igual que el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Francisco Trujillo, el chófer de la cocaína, Fernández no dudó entonces en disparar por elevación. Para ello, culpó a Chaves, Griñán e incluso a todo el Consejo de Gobierno de cómo se repartían las ayudas del fondo de reptiles de más de 1.000 millones de euros. Eso sí, él se excusó: “Siempre he trabajado bajo el criterio y la conciencia de la legalidad y de la legalidad presupuestaria”. Ahora, tras salir de la cárcel, podrá repetirlo en la Comisión de Investigación a finales de mes.
