La Junta de Andalucía desconoce en este momento la envolvente general de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio económico. El Ministerio de Hacienda aún no se la ha remitido de manera oficial. Esa es la excusa que ofreció ayer el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, tras la reunión del Consejo de Gobierno de los martes.
Las previsiones apuntan a que el Consejo de Ministros del próximo 27 de septiembre aprobaría los Presupuestos Generales del Estado. Un día después se presentaría en el Parlamento. La Conferencia de Presidentes, cuya fecha de celebración ha quedado fijada para el 2 de octubre, podría analizar con detalle cuáles serían las cuentas estatales y, por ende, cómo se elaboraría el ejercicio económico de 2013.
Lo que sigue en el aire es el adelanto de 1.000 millones de euros que pidió la Junta de Andalucía para evitar los problemas de cash que padece la administración andaluza.
La consejera de Presidencia, Susana Díaz, ya aclaró el pasado 3 de septiembre que no se trataba de “un rescate”, sino de un anticipo como el que en el mes de junio solicitó la Comunidad Valenciana, de en torno a 300 millones de euros. “Se pide dinero de lo que nos corresponde, como han hecho otras comunidades autónomas”, destacaron a este diario fuentes próximas a la Consejería de Presidencia.
En octubre de 2011 Andalucía presentó sus cuentas públicas para 2012. El presupuesto de la Junta de Andalucía preveía crecer el 1,2% (32.072,5 millones de euros frente a los 31.682 millones de 2011), pero lo hará a costa de fuertes subidas de impuestos y disparando su deuda (el 1,3%, el máximo permitido a las comunidades autónomas) para garantizar, en su opinión, el Estado del Bienestar: Educación, Sanidad y gastos sociales.
Tras dos años de bajadas en su presupuesto, el Gobierno andaluz pensaba que el mayor ajuste ya está amortizado y que toca aumentar los tributos del Patrimonio; sucesiones y donaciones; transmisiones patrimoniales; actos jurídicos documentados; el impuesto que grava los medios de transporte y la tasa del juego.
El Gobierno andaluz también impondrá nuevas deducciones en el tramo autonómico del IRPF, que contempla una nueva deducción del 5% en el tramo autonómico de las cantidades abonadas para obras de rehabilitación o de mejora de viviendas. Con estas subidas confía en recaudar 227 millones de euros más que este año. Como en el resto de las comunidades autónomas, la realidad ha sido muy distinta. La deuda está desbocada y la previsión de ingresos fue extremadamente optimista.
