Apenas 30 minutos antes de la declaración de José Antonio Griñán en la comisión de los EREs falsos, la Junta de Andalucía utilizó una cortina de humo para tapar la comparecencia del jefe del Gobierno andaluz: pidió un rescate de 4.900 millones de euros a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) impulsado por el Gobierno central.
Fuentes del Ejecutivo socialista consultadas por El Confidencial destacaron que el momento del anuncio de petición del rescate surgió tras la entrega de la documentación de los requisitos para acogerse al FLA, por parte del Ministerio de Hacienda, el pasado lunes por la noche. “Teníamos que hacerlo ya y toda la mañana de hoy [por ayer martes] el equipo de la Consejería de Hacienda ha estado analizando toda la documentación”, destacaron.
La Junta de Andalucía, según su portavoz, Miguel Ángel Vázquez, presenta unas cuentas “envidiables”: es la comunidad autónoma con menos deuda por habitante y también en relación con el PIB. La consejera Carmen Martínez Aguayo apuntó que entre las «luces» sobresale el hecho de que se puede acudir a este fondo “para financiar el déficit de las comunidades; esto es, que se acepte el déficit de la comunidad entre los gastos», un aspecto «importantísimo para nosotros», abundó Martínez Aguayo, aunque también puso pegas: la consejera considera que el Gobierno establece para el fondo «criterios de reparto de cantidades poco transparentes y ligados al PIB de cada región», algo con lo que la Junta está «totalmente en desacuerdo».
Mientras la Junta de Andalucía enviaba el comunicado de prensa con los datos y valoraciones del rescate, Griñán llegaba a las 16:00 horas al antiguo Hospital de las Cinco Llagas, la sede del Parlamento andaluz, acompañado de media docena de socialista de su equipo de confianza, tanto en el Consejo de Gobierno (como la consejera de Presidencia, Susana Díaz) o el PSOE andaluz (Mario Jiménez, el vicesecretario general).
El presidente de la Junta de Andalucía, al contrario que Chaves en su comparecencia de la mañana, al que se le notó tenso, con ganas de irse de la sala, demostró sus tablas dialécticas en el cara a cara. En ningún momento ni Izquierda Unida ni el PP lograron poner contra las cuerdas a Griñán, que logró llevar su intervención de casi tres horas al terreno técnico y teórico, sin querer entrar en ningún momento en aspectos concretos de las falsas prejubilaciones. Chaves llegó a reconocer la corrupción en su mandato al frente de la Junta de Andalucía. Lo más destacado de Griñán fue su reconocimiento en los errores en la vigilancia en la tramitación de los EREs falsos.
“No soy ni el padre, ni el presidente de los EREs”
El jefe del Gobierno andaluz negó que fuera el padre o el presidente de los EREs. También desmintió de modo rotundo que él hubiera ordenado la destrucción de documentos. “Todo ello me lo ha dicho el PP sin pruebas de ningún tipo”, remarcó Griñán, quien insistió en que muchas personas se beneficiaron “de ayudas, desempleo o reinserción profesionales y transición a la edad de jubilación”.
Al igual que Chaves o Magdalena Álvarez, José Antonio Griñán también ofreció su versión de la comparecencia de Manuel Gómez, exinterventor general de la Junta de Andalucía, absolutamente clave en la comisión de EREs falsos (por la que han pasado 32 personas) por explicar cómo los informes de la Intervención General de la Junta alertaron hasta en 15 ocasiones los defectos en el procedimiento de las ayudas sociolaborales. “El interventor de la Junta nunca detectó fraude ni menoscabo de fondos públicos, la Intervención nunca pidió que actuara cuando yo era consejero de Hacienda”, precisó Griñán, quien fue más lejos: “Bajo ningún concepto se pidió la intervención del Consejo de Gobierno».
Alba Doblas, parlamentaria de Izquierda Unida, acusó a Griñán de incurrir en un “galimatías jurídico” para no dar explicaciones sobre sus presuntas responsabilidades políticas en este caso de corrupción que penalmente investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. “Me siento dañado en mi propio honor, hoy se ha dicho que el presidente dijo que la ayudas las otorgaba la Consejería de Economía: eso no es cierto”, destacó Griñán.
El presidente de la comisión de investigación parlamentaria, Ignacio García, de Izquierda Unida, avanzó que las conclusiones de estas comparecencias podrían estar listas para el último pleno del mes de octubre, aunque el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía será decisivo para que esa fecha se cumpla o bien se retrasase. “Será importante que esta comisión fije responsabilidades políticas”, remató García, que mostró su interés en hablar con representantes del colectivo 25-S y miembros del SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores), que tomaron por la tarde los exteriores del Parlamento de Andalucía.
