Javier Arenas y Eduardo Zaplana coordinaron ayer su estrategia para dejar muy claro que quien tenía que haber comparecido en la comisión de investigación de los falsos EREs era el exministro de Trabajo socialista Valeriano Gómez y no ellos, en calidad de antiguo titular de esta cartera y exministro de Administraciones Públicas del Gobierno de José María Aznar.
Gómez ya expresó en una intervención en el congreso de los Diputados que la Junta de Andalucía era “la máxima autoridad laboral y la competente en los EREs” y no el Gobierno Central. A esta tesis se agarraron como un clavo ardiendo Arenas y Zaplana en su comparecencia en la comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía, en la que el expresidente del PP andaluz asumió la versión del exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez, del conocimiento de Manuel Chaves y José Antonio Griñán de la falta de procedimiento de la partida 31L que dio lugar al fondo de reptiles.
La insistencia de los políticos populares en difundir el nombre de Valeriano Gómez da a entender que el PP pedirá que el último titular de Trabajo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero declare en la segunda vuelta de esta comisión que acabó ayer al mediodía de manera provisional. Sin embargo, el grupo parlamentario del PP podría no ver cumplida su demanda: necesita el voto favorable de Izquierda Unida para que declare Gómez. Presumiblemente, el PSOE rechazará la declaración del exministro.
Uno de los nombres que será llamado a declarar es Juan Lanzas, conseguidor en la tramitación de varios EREs. Según publicó El Confidencial el pasado 10 de enero, los Ruiz-Mateos utilizaron los servicios de Lanzas, el exsindicalista detenido por ser la pieza clave del caso de los ERE fraudulentos de Andalucía, para sacar adelante hasta cinco expedientes de regulación de empleo de sus empresas. Según la contabilidad interna del grupo de la abeja, a la que ha tenido acceso El Confidencial, Lanzas recibió pagos que llegaron a superar los 20.000 euros semanales en distintos periodos entre 2007 y 2010.
Magdalena Álvarez, obligada a comparecer
Magdalena Álvarez, exministra de Fomento y exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, antecesora de Griñán en este puesto, también acudirá a la cita en el Parlamento. Álvarez tenía que haber acudido el martes a la comparecencia. Excusó su asistencia por la convocatoria ese mismo día de una reunión en el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en Luxemburgo.
Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta de Andalucía y exalcalde de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra, e imputado en el caso de los EREs falsos por la juez Mercedes Alaya, tendrá que responder a la cita en la comisión de investigación. Inexplicablemente, no se localizó a Rodríguez de la Borbolla. Según el auto de Alaya, Borbolla utilizó un “entramado” de empresas “habría obtenido con total ausencia de procedimiento y sin mediar solicitud” 9.009.108 euros en ayudas concedidas por la Consejería de Empleo de la Junta.
