Ni una semana ha aguantado trabajando. Tras las vacaciones del mes de agosto, la juez Mercedes Alaya se dio de baja ayer por enfermedad tras sufrir cefaleas, unos fuertes dolores de cabeza que le han impedido continuar con los numerosos expedientes judiciales que lleva al frente del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla
El juez decano de Sevilla, Francisco José Guerrero, recibió el parte de baja, y tendrá que decidir si refuerza el juzgado (desde hace unos meses hay otro magistrado de apoyo, Iván Escalera) teniendo en cuenta el tiempo que Alaya esté en el dique seco y la gran cantidad de asuntos judiciales que tiene pendiente de resolver la magistrada.
El momento en el que la juez abandona (en principio de modo momentáneo) el Juzgado de Instrucción número 6 no puede ser más inoportuno, debido a los casos tan importantes de presunta corrupción en los que trabaja, de un modo estajanovista, con jornadas que empiezan de nueve de la mañana a ocho de la tarde, pero que no acaban ahí: se suele llevar las tareas pendientes a su casa portando la documentación en un trolley repleto de papeles.
El caso de los EREs falsos en Andalucía, cuya comisión de investigación se reanuda la próxima semana, es el más relevante que instruye Mercedes Alaya, pero no el único. En el plano deportivo, continúa con sus pesquisas sobre Manuel Ruiz de Lopera en el Real Betis Balompié, acusado por presunto delito societario y apropiación indebida en su gestión del club andaluz. También iba a comparecer el exfutbolista del Osasuna y del Atlético de Madrid José Antonio Gómez Romón, imputado por haber percibido una póliza de 491.424,43 euros.
Lo tarea más urgente que tenía pendiente Alaya era el caso Mercasevilla. La juez pidió los informes de auditoría correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011, dentro del posible delito de administración desleal y apropiación indebida que investiga la juez sobre la gestión que los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce protagonizaron al frente de mercado de abastos, ambos imputados en estas diligencias junto a la exresponsable del área económico-financiera de la lonja Pilar Giraldo. El presidente de la federación de empresarios mayoristas del mercado central de abastos, José María Morillo, iba a declarar hoy por este caso.
Aunque esté de baja laboral, los que conocen la manera de trabajar de Alaya creen que la juez seguirá trabajando desde su casa, trabajando en un auto, que podría hacerse público a principios de la próxima semana sobre la rebaja de la fianza impuesta al Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía y también Juan Francisco Trujillo, más conocido como el chófer de la cocaína, que han solicitado a la Audiencia Provincial de Sevilla.
El fiscal ha pedido una reducción de 100.000 euros en el pago de la fianza de Guerrero (de 250.000 a 150.000 euros). “Eso es descabellado; espero que la juez pueda reducir esta cifra”, explicó a El Confidencial Fernando de Pablo, abogado del ex alto cargo de la Junta de Andalucía. “Mi cliente no puede hacer frente a la cantidad fijada por la jueza”, destacó el abogado de Guerrero.
