El asalto del alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, a un supermercado de Mercadona el pasado mes de agosto ha acabado por provocar la primera división interna de miembros del Gobierno andaluz. La última prueba son las declaraciones de la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, de IU, exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, en las que defiende que llevarse 200 euros en comida “no era robar cuando se va a dar a los bancos miles de millones de euros”. Y añadió: “No se puede situar a los débiles al mismo nivel que a los poderosos, que tienen estatus y poder para robar a manos llenas, no hay una absoluta correspondencia”.
El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, precisó ayer que el Ejecutivo socialista “no ha apoyado, apoya ni apoyará ningún tipo de acción o declaración que suponga vulnerar el Estado de Derecho». Lo que no podía esperar Vázquez es que Rafael Rodríguez, consejero de Turismo y Comercio, militante de Izquierda Unida, que intervino junto a él en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno, aprovechara la contestación a una pregunta sobre el asunto no sólo para limitarse a responder que el Código Penal ya tipificaría si lo de Gordillo era delito o no, sino que elaborara una respuesta en la que insinuaba, sin decirlo abiertamente, su compresión ante el asalto.
Aquí el link de la información publicada en El Confidencial.
