Un juglar con indumentaria del siglo XII apareció en la delegación del Gobierno en Andalucía el pasado martes. Pretendía llamar la atención sobre el antiguamente denominado Plan de Empleo Rural. Los alcaldes andaluces de la zona cero del PER (los municipios de la Sierra Sur de Sevilla, entre los que se incluye Marinaleda) exigen la supresión de las 35 peonadas mínimas para acceder al Programa de Fomento de Empleo Agrario (Profea). Es más, solicitan que el Gobierno instaure un PER con carácter especial y con fondos extraordinarios.
“En el campo andaluz estamos en una situación de clara emergencia”, lamenta Fidel Romero, secretario comarcal del PCA (Partido Comunista de Andalucía) y alcalde de La Roda de Andalucía (Sevilla) desde mayo de 2011. “Yo invito a que cualquier familia viva con 400 euros al mes, que prueben esa medicina”, explica en conversación telefónica con El Confidencial. El Estado destinó el año pasado 142,9 millones de euros en Andalucía al Programa de Fomento del Empleo Agrario (Profea), el antiguo PER, mientras que la Junta destinó 4,7 millones.
¿En qué se diferencia el Profea del subsidio agrario? El jornalero no tiene derecho a paro. En 1986 se creó un subsidio para los andaluces y extremeños que agrupaban 35 peonadas al año (en 2011 fueron 20 por las lluvias) y con renta inferior a 7.696,8 euros anuales. Solo pueden contar los días trabajados en obras del PER los mayores de 35 años o con cargas familiares. En Andalucía lo cobran durante seis meses unos 250.000 de los 470.000 jornaleros y ronda entre los 426 euros mensuales y los 569 euros.
