No será hasta el 22 de noviembre cuando el Parlamento andaluz apruebe el informe sobre el mayor escándalo de corrupción de la historia de Andalucía. Pero el PP ya ha elaborado su propuesta de dictamen. Se trata de un documento de 79 páginas, con 399 puntos, en el que exige una ley de subvenciones para que no se vuelva a repetir otro caso de irregularidades como el de los EREs falsos.
Las propuestas de los populares, que previsiblemente no recibirán el visto bueno del PSOE ni Izquierda Unida, también incluyen la creación del Cuerpo Superior de Interventores de la Junta de Andalucía, que podría contemplar las funciones interventoras. Se trataría de evitar la soledad de la Intervención General de la Junta y un nuevo enfrentamiento entre Manuel Gómez, interventor general de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010, y el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.
