Hasta el mismo Griñán ha acabado reconociendo el “fracaso”. Tras 16 años sin una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía y después de cinco meses de trabajo en balde, las pesquisas de los grupos parlamentarios sobre el escándalo de los EREs falsos han acabado en una pantomima sin precedentes. El fiasco de todos los partidos políticos no sólo confirma que las comisiones de investigación no sirven para nada, sino que ratifican la desazón que en los ciudadanos generan sus representantes públicos.
Las conclusiones de la comisión (que contó con 32 comparecencias) ha acabado minando la relación entre el PSOE e Izquierda Unida, además de provocar que sólo se hayan señalado dos culpables (Francisco Javier Guerrero y Manuel Gómez, ex interventor general de la Junta de Andalucía), frente a una pléyade de “no” responsables políticos del caso. El PP ha intentado situar a Manuel Chaves y José Antonio Griñán en cabeza de todos ellos. Es más, el grupo parlamentario popular coloca en el mismo escalafón a Gaspar Zarrías, exvicepresidente de la Junta de Andalucía. El PP también incluía en esta nómina a los consejeros de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, y de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo.
“Ha quedado probado que, en los años que investiga esta Comisión, la Presidencia de la Junta de Andalucía y su Consejería conoció y amparó por conveniencia política la concesión de ayudas públicas otorgadas sin ley y de forma arbitraria y fraudulenta. Por ello son responsables políticos D. Manuel Chaves, D. José Antonio Griñán y D. Gaspar Zarrías y se solicita su dimisión de las responsabilidades públicas que ostenten en la actualidad, si las hubieren”, argumentaba el PP.
