Con un paro en la zona del 35% (en el sector 50.000 personas están desempleadas y 400 empresas han desaparecido desde la llegada de la crisis), los promotores no se explican el “silencio total” que muestra la Junta de Andalucía con este colectivo de la Costa del Sol, que en los años de la burbuja económica disfrutaba de una opulencia sin fin.
¿Y qué dice la Consejería de Obras Públicas y Viviendas para justificar esta morosidad? “Yo no estaba en la Consejería” es la respuesta que ofrece la titular del ramo, Elena Cortés, de Izquierda Unida. El Gobierno andaluz no ha ofrecido ninguna solución para solucionar esta deuda, argumenta Prado, tras lamentar el “anacronismo” que existe en la Junta al “llenárseles la boca en prometer empleo y luego no pagar a los que lo crean”.
En el informe anual de la ACP ya se alertó de que por cada millón de euros al año que no se invierten en infraestructuras, 18 personas pierden su puesto de trabajo. La asociación calculó que en 2011 –cuando con sólo 281 millones de euros la inversión se redujo un 85% en relación a 2006– se han perdido 22.500 empleos en el segmento de obra pública.
Sobre los ayuntamientos, el presidente de la ACP sostiene que son “todos unos morosos; el único que paga a 25 días es el de Málaga”, precisa. En realidad, dicho ayuntamiento paga con un promedio de 31 días, un tiempo bastante inferior a los 40 días de máximo que la ley de morosidad establecía en 2012 en las Administraciones Públicas, que se han rebajado a 30 a partir del 1 de enero de 2013. El presidente de la Asociación de Constructores y Promotores también valora “el esfuerzo” de ayuntamientos como el de Estepona o Marbella para pagar sus deudas.
Este colectivo también tiene otro foco de conflicto con la Junta de Andalucía. Se trata del decreto para frenar el urbanismo costero de 52 ayuntamientos rebeldes, que no han cumplido el POTA (Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía) y, de paso, hacer frente a la reforma de la Ley de Costas que permite amnistía en el litoral. La nueva normativa de la Junta afecta a los suelos situados en la franja de los 500 metros e incluirá la suspensión cautelar del planeamiento urbanístico de desarrollo en estos municipios.
