Raquel, Mari Carmen, Silvia, Nieves, Mayte y Edelva acuden a diario a la sede de Alcobendas de Orizonia. Y eso que el primer grupo turístico español está en proceso de liquidación. El jueves retiraron el comedor. Ya se han llevado las máquinas de café y no saben cuándo desmantelarán el resto de la oficina. Allí trabajan 600 personas de las 5.000 empleadas en Orizonia, que el 15 de febrero presentó preconcurso de acreedores.
Raquel Ruiz tiene 37 años y lleva 10 años trabajando en el sector, ocho en Viva Tours y el resto en Orizonia). Tiene miedo. No sólo ante la perspectiva del paro, sino por la incertidumbre total. Los empleados siguen yendo al trabajo, a pesar de que no tienen nada que hacer. Si no lo hacen, perderían sus derechos laborales. Pero la empresa no les facilita la documentación para que soliciten el paro. Tampoco tienen intención de pagarles la nómina del mes de febrero.
“Tenemos información a cuentagotas, no nos fiamos de nada. Cada vez estamos más nerviosos y débiles. La ley está a favor de los empresarios”, apunta Ruiz, que es madre de un niño de dos años. A su marido, desempleado, se le ha acabado el paro. Va a pedir los 400 euros de ayuda familiar. Y con los 900 euros al mes que gana (1.000 euros con el prorrateo de las pagas extraordinarias), como el resto de sus compañeras, se le va el dinero al tener que pagar el alquiler del piso y un crédito que pidió a Bankia hace cinco años para comprar una vivienda de protección oficial en una promoción inmobiliaria en Ciempozuelos. La constructora carecía de licencia urbanística.
