Se sale con la suya. La juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, podrá seguir instruyendo las cuatro macrocausas que quería: ERE falsos, la gestión de Manuel Ruiz de Lopera en Real Betis y los dos sumarios del caso Mercasevilla, según ha acordado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El TSJA, que le pide que acelere las instrucciones que tiene pendientes y no las dilate en el tiempo, ha aceptado la petición de Alaya al considerarla “juez natural y ordinario predeterminado por la Ley, el conocimiento de los asuntos en tramitación avanzada y de singular complejidad, sin perjuicio de colaborar con el juez de apoyo y ejercer funciones de sustitución interna”.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha decidido que sólo uno de los jueces de apoyo continúa al lado de Alaya. Se trata de una decisión del presidente del Tribunal, Lorenzo del Río, que aún no ha decidido. Los dos jueces son Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes. La tensión entre Alaya y Curra ha ido creciendo. Este es juez titular, pero sin plaza fija. Ya aseguró que investigaría el caso de los ERE “con su propio criterio y a su ritmo”.
La magistrada volvió la pasada semana a los juzgados con la patata caliente de las ayudas sociolaborales otorgadas por la Consejería de Trabajo a través de la agencia IDEA, el mayor escándalo de corrupción de la historia de Andalucía. Se trata de José Antonio Viera, consejero de Trabajo de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2004. Viera, clave en la trama tras mantener a Francisco Javier Guerrero en la dirección General de Trabajo, es parlamentario en el Congreso de los Diputados por la provincia de Sevilla.
El aforamiento del extitular de Trabajo en el Gobierno de Manuel Chaves es el gran problema para Mercedes Alaya. Si decide imputarle, la juez podría perder esta parte del caso en beneficio del Tribunal Supremo. Persisten las dudas judiciales sobre si la posible imputación supondría no sólo la retirada de la llamada pieza Viera, sino del resto del asunto judicial (60 tomos y 30.000 folios), que propició una comisión de investigación que se cerró el pasado mes de noviembre en falso tras 32 comparecencias en el Parlamento de Andalucía.
