No quiere echar marcha atrás. Empeñada en su postura, la Junta de Andalucía incumple resoluciones judiciales contra la ley del enchufismo, impulsada por el presidente José Antonio Griñán, por la que 25.000 personas se convirtieron en empleados públicos al ingresar en el conglomerado de agencias públicas creadas por la Junta de Andalucía sin haber pasado ninguna prueba. Estos trabajadores vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad exigibles a todo trabajador que accede a la función pública.
Hasta el momento, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado hasta ocho sentencias desfavorables a la Junta (como ejemplo, la de la integración de la agencia de Obra Pública) por las que se anula la integración del personal procedente de empresas públicas y fundaciones públicas, ahora integradas en agencias dependientes del organismo autonómico. El Gobierno andaluz ha recurrido en las ocho ocasiones al Tribunal Supremo.
¿Por qué el Ejecutivo socialista no ha ejecutado estas sentencias? Sostiene la Junta que estas fundaciones y empresas de las que procedían los trabajadores han desaparecido por lo que ese personal no podría volver a reintegrarse en los órganos de procedencia, “motivo por el que considera que debe hacerse cargo de ese personal conforme a la sucesión empresarial a la que se refiere el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores”, según explica el abogado Mariano Aguayo, socio-presidente del despacho de letrados Mariano Aguayo, y que ha presentado los recursos en nombre de la Asociación Al-Andalus y la Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública.
