No era el único. Juan Márquez y Daniel Rivera, sucesores de Francisco Javier Guerrero al frente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, copiaron el sistema de ayudas fraudulentas con los ERE. Lo certifica un nuevo auto de la juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. De esta manera se desmonta la teoría de Griñán de situar en Guerrero (el hombre al que los sindicatos le organizaron una fiesta de despedida cuando abandonó la Junta como publicó ayer este diario), la responsabilidad del fraude.
La magistrada impuso a Daniel Rivera, exdirector general de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno andaluz, una fianza de responsabilidad civil de 7,2 millones de euros. Según Alaya, esta es la cantidad que el ex alto cargo de la Junta de Andalucía podría haber repartido en concepto de fondos públicos “con ausencia absoluta del procedimiento legalmente aplicable».
La juez le imputó cuatro presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos. Rivera quedó en libertad porque ninguna parte solicitó su ingreso en prisión, pero en su declaración de julio de 2012 admitió que el procedimiento de concesión de ayudas públicas “debía ajustarse a la normativa sobre subvenciones”.
