Trabajaban en Mercasevilla. La empresa de abastos los incluyó en un ERE en 2003 y la Junta de Andalucía lleva casi dos años sin pagarles su jubilación, incumpliendo dos sentencias (de enero y marzo de 2013) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que le obligan a pagarle su pensión. Dos de ellos están al borde del desahucio y todos viven de la caridad de sus amigos y familiares. Es la otra cara de los ERE falsos, que contabiliza, por el momento, 111 prejubilados de manera irregular. Estos son legales. ¿Su culpa? “No pertenecer a ningún partido político ni sindicato”, denuncia la abogada Marta Mejías a este diario. La aseguradora Generali es quien debe abonar estos pagos por orden de la Junta.
“Somos gente trabajadora que ha sido engañada. Nuestras familias nos tienen que comprar alimentos y pagarnos facturas, ya que nosotros no podemos hacerlo y a muchos nos van a quitar hasta la vivienda. La salud de algunos compañeros se está viendo seriamente afectada”, destaca Pedro Viruez, de 59 años, con tres hijos y cuatro nietos, prejubilado, a su pesar, a los 50 años. Viruez es uno de los cinco aquejados, junto a Antonio García de Castro, Joaquín Gómez Mayo y José Díaz Martín, defendidos por el despacho de abogados sevillano Sánchez & Mejías Asociados. Hay otro prejubilado que decidió que su defensa jurídica corriera a cargo de Comisiones Obreras. De media, cobraban 1.400 euros mensuales.
La Junta de Andalucía ha mirado para otro lado de estas sentencias ignorando la grave situación de estos trabajadores de Mercasevilla, “engañados y cabezas de turco cuando no tienen nada que ver con los ERE”, explica Mejías, quien detalla cómo a mayor número de trabajadores incluidos en un expediente de regulación de empleo aumentan las comisiones y el suculento “negocio” que ha resaltado la magistrada Mercedes Alaya en su instrucción en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
