Sin respuesta. El Tribunal de Cuentas, la Junta de Andalucía e incluso el Gobierno central han eludido contestar acerca del paradero de la subvención de 250.000 euros otorgada al Ayuntamiento de Marinaleda por el Gobierno andaluz para 25 viviendas. El portavoz del PSOE en este municipio sevillano, Mariano Pradas, fue quien formuló esta solicitud tras presentar una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla, el pasado 8 de marzo de 2012, por presunto delito de prevaricación del equipo de Gobierno de Marinaleda. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía abrió diligencias de investigación a Sánchez Gordillo esta misma semana.
Como adelantó El Confidencial el 17 de agosto de 2012, el Gobierno andaluz concedió ayudas de 826.000 euros repartidas en tres anualidades en estos inmuebles sometidos a un régimen de autoconstrucción. Hubo una subvención de 419.500 euros en 2011, mientras que la tercera anualidad, correspondiente a 2012, se elevaba a 206.500 euros. El plazo para ejecutar la obra alcanzaba los 18 meses, según figura en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 4 de noviembre de 2010 (número 215). El vencimiento fue en junio de 2012.
Juan Manuel Sánchez Gordillo se niega a facilitar cualquier información sobre este tema. Tampoco en los plenos (no se celebra ninguno ordinario desde enero de 2012 y desde esta fecha sólo ha convocado cuatro extraordinarios, para asuntos menores). En los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes los plenos ordinarios se tienen que celebrar cada tres meses. “Lo tuve que poner en conocimiento ante la Fiscalía ante la poca información que se me ofrecía”, explica Pradas en entrevista telefónica con este diario. El portavoz del PSOE en Marinaleda tampoco se explica cómo a Gordillo se le ha permitido construir ocho viviendas en zonas verdes. Este caso se archivó.