Hasta ahora sólo tenía en cuenta la renta. El Gobierno andaluz está dispuesto a penalizar el patrimonio a los solicitantes de ayudas públicas en la Junta de Andalucía. Los principales afectados por la medida, que articulará la Consejería de Hacienda y Administración Pública, serán los andaluces que pidan una beca o los que soliciten una subvención.
Susana Díaz, consejera de Presidencia e Igualdad, la número 2 del bipartito Griñán-Valderas, celebró el primer aniversario del Gobierno de coalición, marcado por el aumento del paro y la pobreza, con el anuncio de una ley contra el fraude fiscal “y social”. La intención se basa en lograr “un elemento de equidad y contribuir a que el reparto de la carga de la crisis sea más justo”.
La Junta de Andalucía iniciará el trámite parlamentario antes del verano, aunque tendrá que pedir la vez: en primer lugar se encuentra la ley de participación ciudadana y la de de transparencia, más prioritarias para Griñán que esta de ayer anunciada por sorpresa por Díaz en el transcurso de su comparecencia tras el Consejo de Gobierno andaluz de los martes.
