“La Junta andaluza pagará la defensa de los altos cargos imputados en los ERE falsos”, difundieron a primera hora de la tarde de ayer las agencias de información y amplificaron todos los medios online y las redes sociales. “Han titulado mal las agencias de información”. Así se justificó el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en declaraciones a este diario. “No es una decisión política, sino administrativa”, explicó.
¿Pagará la Junta de Andalucía la defensa de Antonio Lozano, viceconsejero de Presidencia y fontanero de José Antonio Griñán y Susana Díaz en el Palacio de San Telmo? ¿También a Magdalena Álvarez, consejera de Economía y Hacienda durante diez años (1994-2004)? En primer lugar, el imputado lo tendrá que solicitar. Y lo conseguirá si logra un informe jurídico favorable. La medida afectará a los que tengan un cargo en activo; por lo tanto, la exconsejera y exministra Álvarez no estaría incluida en este lote. La Administración autonómica está personada en la causa y no podría ser al mismo tiempo acusación particular y defensa.
El Ejecutivo andaluz también argumenta que está obligado, según la Disposición Adicional Segunda del Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, a pagar esta defensa de los imputados, pero que en ningún paso se adelantará los honorarios del abogado, esto es, no habrá pago por anticipado. Además, la Junta no pagará la defensa de los altos cargos si al final son declarados culpables.
