Acorralados. Tanto Manuel Chaves como, sobre todo, José Antonio Griñán están contra las cuerdas. La declaración ante la juez Mercedes Alaya de Manuel Gómez, interventor general de la Junta de Andalucía entre 2010 y 2010, deja a Griñán al borde de la imputación. Gómez remarcó que todo el Consejo de Gobierno de los Ejecutivos de Chaves y Griñán conocía el irregular procedimiento de la trama de los ERE falsos.
Según el relato del exinterventor en 2005 de que existía un desfase presupuestario de 93 millones de euros que “trastocaba el presupuesto general” de la Junta. No fue la primera vez. Gómez alertó al menos otras 14 veces de la falta de procedimiento en la concesión de las ayudas sociolaborales.
