La Cámara de Cuentas de Andalucía, órgano con consejeros nombrados por el Parlamento, miró para otro lado en las transferencias de financiación, el método de reparto del fraude de los ERE. Durante una década no efectuó ni una sola auditoría al IFA (Instituto Fomento de Andalucía). “Es sorprendente que la Cámara de Cuentas, dentro de los programas de control de subvenciones que realiza, no haya efectuado ningún control del programa 31.L.”, criticó Manuel Gómez, exinterventor general de la Junta de Andalucía, en su declaración del pasado jueves ante la juez Mercedes Alaya.
Este organismo, que prevé que el fraude de los ERE se eleve a 1.200 millones de euros, desarrolla, además del estudio de la cuenta general, un informe de control de subvenciones y audita determinados programas, pero a Gómez “no le consta” que haya auditado nunca, en ningún momento, la partida 31.L., el llamado fondo de reptiles, centrado exclusivamente en la concesión de subvenciones. “Resulta llamativo que la Cámara de Cuentas no hiciera nada”, señaló Gómez, que también acusó a Griñán de ser “pasivo” y no “importarle nada” los informes de auditoría.
