En apenas ocho meses en el cargo, José Sánchez Maldonado, por entonces presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga y ahora consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, miró para otro lado en la investigación de la presunta corrupción denunciada por su director, José Antonio Caffarena, que investiga el Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga.
Las irregularidades en las obras del recinto habrían supuesto un sobrecoste de al menos 5,3 millones de euros, según un informe firmado por el Ministerio de Hacienda. UGT lo cifra en ocho. “Esto es apenas un 20% de lo que hay. Es sólo la punta del iceberg”, resalta a El Confidencial Juan Antonio Triviño, delegado sindical ugetista y miembro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria.
Todo empezó en 1998. El Puerto de Málaga, entonces comandado por Enrique Linde, que fue director de Política Interior en el Ministerio de José Barrionuevo y consejero de la Junta con Rodríguez de la Borbolla, quería crecer. En enero de ese año empezaron las obras de ampliación de la prolongación del Dique de Levante, adjudicadas a una UTE integrada por las constructoras Dragados y Sando. Los trabajos acabaron en julio de 2001 y contaron con una inversión de 58,9 millones de euros. En este proyecto, por ahora, no se ha verificado ninguna irregularidad.
