Ni un día tranquilo. El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla se ha convertido en un polvorín. Y no sólo por el ingente trabajo. Tras los escraches de la pasada semana que sufrió la juez Mercedes Alaya por parte de los sindicatos, ahora la Fiscalía Anticorrupción y la magistrada han abierto una guerra que amenaza con enturbiar aún más las difíciles relaciones profesionales que la juez mantiene con este colectivo en este asunto y en el de los ERE falsos.
La juez Alaya acusa a la Fiscalía de haber imputado a Báñez sin que tuviera que haberlo hecho. La magistrada muestra de esta manera su celo ante el posible fallo del Ministerio Público y les acusa de no haber estudiado bien el asunto y de “un esfuerzo inútil”, por trabajar en balde. En el auto del pasado 8 de octubre acusa a la Fiscalía de inducir un «cierto retraso» en la instrucción judicial, que ella misma sostiene que es “medida y cuidada”.
El escrito judicial de la magistrada no se queda corto. Atribuye a “un error de cómputo” la solicitud de Anticorrupción para imputar a los empresarios, ya prescritos en el momento que se empezó con la instrucción. Eso sí, esculpa en cierta manera el presunto error de la Fiscalía al estar «justificado seguramente por la asistencia por su parte a varias macrocausas» en que las que el Juzgado de Instrucción.
