Son trece puntos en un auto de 28 páginas. Y tras citar el último (“incumplimiento total de la normativa comunitaria”), la juez Mercedes Alaya lo tiene muy claro: existió una “falta de control consentida” en la concesión de subvenciones en el mandato de Manuel Chaves como presidente de la Junta de Andalucía y durante la etapa de José Antonio Griñán al frente de la Consejería de Economía y Hacienda en la etapa del primero.
Alaya describe en su escrito judicial, que responde al de la Audiencia Provincial de Sevilla, “la intervención habitual de intermediarios que traficaban con la influencia que tenían sobre los cargos de la Consejería de Empleo para conseguir la financiación de la Junta”, el pago “sin límite a las mediadoras de seguros, que cobraban enormes sumas por encima de la media del mercado”.
