#monitoresenlucha es una etiqueta en Twitter que define hasta qué punto las 840 personas de 1.031 colegios despedidas por la Junta de Andalucía están dispuesta a luchar para recuperar su puesto de trabajo. Por 400 euros en el mejor de los casos, sin derecho a vacaciones pagadas y una cotización mínima en la Seguridad Social, los monitores en colegios andaluces han planteado una rebelión similar a la de los funcionarios contra los enchufados en la administración paralela de la Junta.
“Somos un colectivo muy disperso y ha resultado muy difícil organizarnos; no estamos en todos los centros educativos, sólo en uno de cada tres colegios. Ha sido complicado contactar entre nosotros, pero cuando lo hemos hecho ha sido muy rápido gracias a la redes sociales”, relata a El Confidencial Virginia Vázquez, de 45 años, que durante los últimos años ha sido monitora de apoyo en un colegio bilingüe –público, perteneciente a la Junta de Andalucía– elFélix Revello de Toro de Málaga.
Los despidos (el 95% son mujeres, de una edad media de 45 años) llegan después de casi ocho años en los que la Junta de Andalucía miró para otro lado mientras contrataba a empresas privadas en un servicio a un precio de 8 euros la hora, “que no podía sino significar que el trabajador estaba siendo explotado, por cuanto una empresa privada jamás trabaja para cambiar dinero”, denuncia Vázquez a este diario, tras recordar que las empresas subcontratadas por la Junta se han quedado con más de la mitad de lo que pagaban por ellos durante los periodos de vacaciones escolares. Según el relato de esa monitora malagueña, “la Junta de Andalucía tiene el derecho y la obligación, como subsidiaria, de estar informada sobre las condiciones de los servicios que contrata”.
