Sin uniforme, de paisano, llegaron a las 11 horas del jueves a la sede de la UGT Andalucía, en Sevilla. Ejercían de ‘polis buenos’, pero el registro ordenado por la juez Mercedes Alaya en la llamada Operación Cirene se prolongó durante 26 horas. Dos agentes de la Policía Judicial y dos informáticos del sindicato pasaron toda la madrugada del jueves al viernes copiando los discos duros del servidor. Buscaban cualquier tipo de dato sobre los cursos de formación, el escándalo que ha puesto en la picota a la anterior Ejecutiva del sindicato.
“Aunque en el fondo se sabía que un registro como este podía pasar en cualquier momento, nos pilló a todos de improviso. Los agentes jugaban a ‘poli bueno’, nos pidieron que dejáramos en los ordenadores en los que trabajábamos un post-it con nuestros nombres, puestos y claves. Sólo entraron en Administración y en la secretaría de Organización, pero no en el despacho del Secretario General”, relata a El Confidencial una trabajadora del sindicato.
Los policías llegaron incluso a tranquilizar a los dos miembros de la Ejecutiva Regional que estaban el viernes por la mañana en la calle Antonio Salado, la sede de UGT-A: José Ginel, secretario de Comunicación, y José Carlos Mestre, secretario de Acción Institucional. Mestre es uno de los que salían en las fotos de la juerga de UGT-A en la Feria de Sevilla sufragada con dinero público. “No os preocupéis, si todo está correcto el registro ayudará a despejar dudas y es una garantía procesal; queremos que salga todo bien”, manifestaron los agentes, que incluso lanzaron una frase inequívoca de ánimo: “Sabemos que esto es la Casa del Pueblo”.
