El paraíso de Doñana se enfrenta otra vez a la amenaza de Aznalcóllar. La reapertura de la mina, prevista para 2015, y cuyos primeros pasos los dio la pasada semana la Junta de Andalucía con la publicación de un decreto-ley, ha puesto en alerta a las principales organizaciones ecologistas temerosas de otro gran accidente como el vertido de cinco millones de metros cúbicos del 25 de abril 1998, una de las mayores catástrofes medioambientales que ha sufrido España y que afectó al entorno de este singular y privilegiado espacio protegido europeo.
La Junta prevé la creación de 1.500 puestos de trabajo en el antiguo complejo minero de casi 950 hectáreas de superficie y posee unas reservas constatadas de sulfuros polimetálicos (cobre, plomo y zinc, además de oro y plata) de 35 millones de toneladas y otros 45 millones de toneladas de recursos probables. “La mayor parte de la infraestructura necesaria para la explotación de la mina, la corta minera, ya está construida, por lo que podrían reanudarse las actividades extractivas sin grandes transformaciones en el suelo”, sostiene el decreto-ley firmado por el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del pasado 18 de diciembre.
