Descarrila la norma favorita del bipartito andaluz. Doscientas treinta familias se encuentran al borde del desahucio tras paralizar, de manera cautelar, el Tribunal Constitucional (TC) dos puntos clave de la legislación de la Junta de Andalucía que entró en vigor el pasado 9 de octubre. Hasta ahora sólo dos familias (una de Huelva y otra de Torremolinos) se han visto beneficiadas por esta medida que pretendía “luchar por las personas en riesgo de exclusión social”, según el Ejecutivo de Susana Díaz. Otros 37 expedientes están aprobados por el Consejo de Gobierno.
La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, anunció que recurrirá la medida y que expondrá un informe al Tribunal Constitucional sobre las bondades de esta ley. También pedirá a los jueces que tienen que ordenar los desahucios de las viviendas que no ejecuten las sentencias a la espera de una resolución firme del TC.
