La Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea investigará 100 millones de euros de presuntas ayudas ilegales indirectas del Estado a las mutuas, “una situación de competencia desleal en el sector de la prevención de riesgos laborales”, según la denuncia presentada por Martínez-Echevarría Abogados, en representación de la Federación ASPA y la Asociación ANEPA, a la que ha tenido acceso El Confidencial.
Esta doble actividad, por un lado como entidades gestoras de la Seguridad Social y por otro como sociedades de prevención a través de filiales participadas al 100%, “hace muy difícil la separación entre la actividad pública y la mercantil creando una posición de dominio” de estas sociedades filiales en el mercado de la prevención de riesgos laborales con la resultante “distorsión en el ámbito de la competencia”, como recoge el escrito presentado. La Comisión Europea ha instado al Gobierno español a la presentación de la información que estime conveniente previa instrucción de la denuncia.
