Lo he publicado hoy en exclusiva a las 16.55 horas, abriendo a toda pantalla la portada de El Confidencial:
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento, acaba de prohibir el uso de drones civiles en toda España. “No está permitido su uso para aplicaciones civiles. Es decir, no está permitido, y nunca lo ha estado, el uso de aeronaves pilotadas por control remoto con fines comerciales o profesionales, para realizar actividades consideradas trabajos aéreos”, indica la normativa de AESA con fecha 7 de abril a la que ha tenido acceso El Confidencial.
Fomento impide que los drones civiles se utilicen para “la fotogrametría, agricultura inteligente (detectar en una finca aquellas plantas específicas que necesitarían de una intervención, como riego, fumigación, para optimizar el cultivo), reportajes gráficos de todo tipo, inspección de líneas de alta tensión, ferroviarias, vigilancia de fronteras, detección de incendios forestales yreconocimiento de los lugares afectados por catástrofes naturales para dirigir las ayudas adecuadamente”.
El organismo público no impide que los drones tengan un uso militar, aunque aclara que ya existe una normativa que permite su operación “exclusivamente en espacio aéreo segregado”. La medida inutilizaría el Centro Atlas de Vuelos Experimentales de Villacarrillo (Jaén) en el que la Junta de Andalucía ha invertido 4,5 millones de euros. En este centro, inaugurado el pasado 21 de marzo por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz,se exhibió un drone militar, el modelo SIVA, perteneciente al Ministerio de Defensa en un proyecto exclusivamente civil.
40 millones de euros en Doñana
Otro gran proyecto impulsado por la Junta y en concreto por el polémico consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, es el llamado proyecto CEUS, situado en El Arenosillo, en Moguer (Huelva), en el Parque Natural de Doñana, en territorio de tránsito de linces ibéricos. Este aeródromo, que cuesta 40 millones de euros (nueve de ellos aportados por la Junta), pretende albergar drones civiles de más de 650 kilos que actualmente no existen, como adelantó El Confidencial el 26 de marzo, y también quedaría invalidado con la aplicación de esta normativa.
Según la AESA, existe la idea, “errónea”, de que en la capa de espacio aéreo que se extiende desde el suelo hasta 400 pies se puede volar con estos aparatos sin restricciones. “Esta creencia puede tener su origen en que las aeronaves tripuladas deben permanecer normalmente por encima de los 500 pies sobre el terreno, salvo para el despegue y el aterrizaje. Sin embargo, la competencia de AESA sobre la seguridad del espacio aéreo se extiende hasta el suelo”.
