La Junta de Andalucía prepara una ley de Formación Profesional que castigará el negocio de la formación de academias privadas, sindicatos y patronal para beneficiar a centros universitarios públicos, además de la creación de nuevos centros públicos de FP, en una alianza Universidad-Empresa. La presidenta, Susana Díaz, tiene ahora mucho más claro potenciar este nuevo sistema de los cursos de formación en Andalucía, envueltos en un fraude masivo que según la UDEF se elevaría a 2.000 millones de euros, como ya adelantó El Confidencial el pasado martes.
“Estamos trabajando en una Ley de Formación Profesional para Andalucía que siente las bases y consolide una formación profesional que promueva la excelencia, la colaboración con las empresas y que potencie el espíritu emprendedor en todo su nivel de formación”, destacó el consejero de Educación y Cultura, Luciano Alonso, según consta en su declaración del Diario de Sesiones en el Parlamento de Andalucía del pasado 12 de febrero.
