La Junta de Andalucía ha tardado tres años en decidir cómo va a controlar las transferencias de financiación, el instrumento utilizado en el caso de los ERE falsos que investiga la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. Desde ayer, con la publicación en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) de la orden del pasado 30 de abril, otorga más funciones a la Intervención General de la Junta para evitar que ocurra este tipo de fraudes masivos.
Con esta nueva normativa, que la presidenta andaluza Susana Díaz prometió en septiembre de 2013 en su discurso de investidura, se trata de evitar que la Cámara de Cuentas, órgano con consejeros nombrados por el Parlamento, no vuelva a dejar de fiscalizar las trasferencias de financiación en toda una década. Quien controlaba estas partidas era la agencia IDEA, dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que dirige el polémico Pepín Sánchez Maldonado, el antiguo IFA (Instituto de Fomento de Andalucía). De IDEA procedía la partida 31L, el llamado fondo de reptiles que denunció el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero en diciembre de 2010.
