La apertura de la mina de Aznalcóllar, que la Junta de Andalucía ha adjudicado a la empresa Grupo México-Minorbis, he llegado a los juzgados de la mano de la empresa perdedora, Emérita, que ha presentado una denuncia por los delitos de “prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal”. Los denunciantes reclaman la paralización cautelar de la adjudicación, que se ha resuelto un mes antes de lo previsto y a las puertas de la campaña electoral, y la investigación de las ayudas recibidas por la empresa Magtel, en el tándem ganador, por parte del Ministerio de Industria, cuando estaba en manos del PSOE.
La denuncia sostiene que la adjudicación ha sido “absolutamente irregular y contraria a Derecho” y achaca a la Junta una “actitud arbitraria y patentemente prevaricadora”. Emerita, integrada por el fondo de inversión canadiense Forbes Manhattan y por empresas españolas como Morera y Vallejo –editora de El Correo de Andalucía–, AGQ y otros socios minoritarios no identificados, habla de “presiones” a los funcionarios, “ocultación y mala fe” y denuncia el acto de apertura de los sobres, que fue difundido en directo por internet, y que consideran que estuvo manipulado.
