El mandato de Manuel Romero Ortiz al frente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir continúa lleno de sobresaltos. La auditoría de la Intervención General del Estado ha desvelado más irregularidades en la etapa de Romero, imputado por supuestos delitos de prevaricación omisiva, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente en el caso de los vertidos ilegales de aguas fecales procedentes de la depuradora de la Prisión de Albolote (Granada).
La auditoría destapa más irregularidades en la gestión del Guadalquivir
