Atrincherada en el sillón, Magdalena Álvarez se niega a dimitir de la Vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI). La dirección de este organismo europeo, ubicado en Luxemburgo, tampoco le pedirá a Álvarez su renuncia al cargo, a pesar de la fianza civil de 29,9 millones que le exigió ayer la juez Mercedes Alaya por ser “responsable de un sistema ilegal de ayudas sociolaborales” en el caso de los ERE falsos.
¿Y qué hará el Gobierno español? Por ahora, nada, a pesar de que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, tenía claro el pasado mes de octubre que el BEI debería aplicar con Álvarez “un código de conducta que cumplir por todos los empleados; es un puesto muy importante para España y el Gobierno, en función de las conclusiones de ese informe, tomará su posición».
