No son más de treinta personas, pero en una hora (a las nueve de la noche) serán muchos más en el directo del informativo de las televisiones nacionales. Delante de la casa de la familia fallecida, Pepe Rodríguez, de 56 años, se reúne con un grupo de vecinos. Pepe, exconcejal de Alcalá de Guadaíra, se ha erigido en una especie de portavoz del barrio de Rabesa. «Queremos saber ya lo que ha pasado”, proclama a El Confidencial desde este enclave marginal de la localidad, azotado con un 80% de paro, donde el sábado se certificó la muerte de tres de sus vecinos: Enrique Caño, su esposa Concha, y una de sus hijas.
Las incógnitas surgen en un suceso que ha conmocionado a una ciudad de 73.000 habitantes, la tercera más importante de la provincia de Sevilla, tras la capital andaluza y Dos Hermanas. Demasiadas preguntas sin respuesta cuatro días después. ¿Comió la niña pequeña, ingresada en el hospital, lo mismo que su familia? ¿Qué responsabilidad tienen –si existiera– los servicios sociales de la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra? Preguntas en medio de nuevas vías apuntadas ayer por este diario: la policía descarta el alimento en mal estado. Se está a la espera del informe del Instituto de Medicina Legal.
