Sanciones de hasta 9.000 euros y expropiaciones temporales para evitar desahucios. El nuevo plan de vivienda social de la Junta de Andalucía contempla estas dos medidas. La iniciativa trata de hacer aflorar el parque residencial de inmuebles vacíos en la comunidad andaluza, que el propio Gobierno bipartito de José Antonio Griñán cifra entre 700.000 y un millón, de los que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas.
El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de la provincia de Málaga, José Prado Seseña, carga contra este plan al tildarlo de “corralito inmobiliario” para los ahorradores. “Esta intromisión e intervencionismo aberrante de la Junta de Andalucía se parece al corralito de las preferentes. Es como si fueran a un concesionario de automóviles y se impusiera a los vehículos en stock al precio que quisiera la Administración autonómica”, expresó Prado en declaraciones a El Confidencial.
