Mientras el paro pulveriza récords en Andalucía (uno de cada tres nuevos parados es andaluz, el 36% de desempleo) y el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, admite que los 1,1 millones de personas sin empleo supone una mala cifra, este no explica qué ha pasado con las competencias de las políticas de empleo, en manos de la Junta desde mayo de 2003.
Diez años después, se han dejado sin ejecutar 2.000 millones de euros, según cifra el Partido Popular de Andalucía. Sólo en 2012 no se han puesto en marcha más del 40% de estas medidas. Y eso sin tener en cuenta los 1.000 millones de euros dilapidados en el fondo de reptiles, la trama de los ERE falsos. El Gobierno central asignó a la comunidad autónoma 299 millones de euros en el Plan Anual de Política de Empleo 2012 aprobado en el Consejo de Ministros de julio del año pasado. De esta cantidad, el 77,6% estaba destinado a la formación, el 19,6% a fomento del empleo, un 2,4% a la modernización de los servicios públicos de empleo y un 0,25% al favorecimiento de la flexibilidad.
El coste del traspaso de competencias se elevó a 50,4 millones de euros y comprendía 1.627 empleos y 216 inmuebles. El próximo mes de abril se cumplen diez años del acuerdo para estas competencias del Gobierno central al Gobierno andaluz. Quienes rubricaron este acuerdo fueron Javier Arenas, por entonces ministro de Administraciones Públicas, y Gaspar Zarrías, vicepresidente de la Junta de Andalucía en el Gobierno de Manuel Chaves. Arenas y Zarrías siempre han mantenido buena sintonía personal a pesar de su clarísima e inequívoca animadversión política.
