Crece la mutua desconfianza entre la juez Mercedes Alaya y el Gobierno andaluz. No se tragan. El caso de los EREs falsos ha disparado la tensión entre el Ejecutivo socialista y la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que investiga las prejubilaciones fraudulentas en Andalucía.
A regañadientes, la Junta entregará esta mañana las actas de los Consejos de Gobierno de 2001 a esta parte, como ha exigido Alaya en dos autos muy contundentes en sus formas. El último, sin lugar a equívocos: la juez quiere evitar posibles “manipulaciones” de la Junta de Andalucía mientras continúan sus pesquisas judiciales.
