Clientelismo. Durante tres años el presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, del PP, se negó a aceptar la funcionarización de al menos 300 empleados de la institución. Ahora, cinco meses antes de las elecciones, Amat, imputado por prevaricación urbanística, el “hermano mayor” de Javier Arenas, impulsa de modo urgente esta medida que supone “un claro caso de enchufismo”, como denuncia a El Confidencial la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT).
El pleno del pasado 5 de diciembre de la diputación almeriense aprobó de forma inicial –con la abstención del PSOE y la negativa de Izquierda Unida– la RPT (Relación de Puestos de Trabajos y Plantillas) que incluiría en 2015 la incorporación como funcionarios a personas que no han pasado por un concurso-oposición. En el organismo, controlado desde 2011 por Amat, trabajan 1.200 personas. El Gobierno de Amat pretende incorporar como funcionarios a 500 personas. La incorporación de 300 empleados apenas supone la primera fase. Faltarían otros 200 más.
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