La multa de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) de un millón de euros por “infracción muy grave” al Banco Popular, por incumplir los deberes de información a los inversores, despeja el camino para una avalancha de demandas judiciales por parte de los afectados por los ‘bonos subordinados necesariamente convertibles’. Varias sentencias en primera y segunda instancia (audiencias provinciales) ya le han dado la razón a los clientes frente al banco.
Según cifras aportadas por el propio Banco Popular, existen 22.000 personas afectadas por estos bonos. La emisión se elevó a 700 millones de euros. Esta es la cantidad que podrían reclamar los afectados y supondría un ‘agujero’ para las cuentas del banco en un momento crítico tras la reciente ampliación de capital.
